Gobierno analiza fijar en 12% gaveta hipotecaria de 2011
Autoridades revisan distribución de cartera y topes de la Ley de Vivienda
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
martes 5 de abril de 2011 12:00 AM
El Ejecutivo por diferentes vías intenta incrementar las asignaciones para el sector vivienda y una de las opciones que se está definiendo es el aumento la cartera hipotecaria obligatoria de la banca.
La gaveta hipotecaria, desde que se creó en 2005, ha sido equivalente al 10% de la cartera total de las instituciones, pero ante los requerimientos de recursos ese porcentaje será más alto, y entre los escenarios que se maneja en el seno del Gobierno está el de llevar esa cartera obligatoria a 12%.
De aprobarse ese tope, el sistema bancario destinaría a los financiamientos más de 21 millardos de bolívares.
Ese aumento en la gaveta se debe a las exigencias que genera la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, la cual entró en vigencia en enero de 2011. A través de los términos previstos en ese marco legal, el Gobierno estima realizar para este año 150.000 soluciones.
Una de las disposiciones de ese texto, señala que "sin perjuicio de las carteras ya fijadas por otras leyes al sector bancario público y privado, cada banco deberá crear una cartera obligatoria para atender los proyectos en el marco de la ley".
Ya el pasado mes de enero el primer mandatario nacional señaló que para las viviendas que se realizarán este año la banca tiene que destinar 30 millardos de bolívares, de ese monto, las instituciones privadas deberán desembolsar 15 millardos de bolívares.
Adicional a la gaveta de la banca, la construcción de unidades habitacionales recibiría recursos del Fondo Simón Bolívar, que administra Pdvsa, y que ha percibido transferencias de la industria petrolera provenientes de la emisión de bonos del pasado año, la venta de la refinería alemana y el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM).
Distribución
Fuentes oficiales indican que más allá del porcentaje de cartera obligatoria, otro de los aspectos que todavía en el Ministerio de la Vivienda y el Banco de la Vivienda y Hábitat están definiendo es la distribución de la gaveta hipotecaria.
La cartera el pasado año contemplaba que del monto total, 58% era para los préstamos de adquisición de viviendas, 32% a la construcción de casas y 10% a la remodelación y autoconstrucción de soluciones.
En el caso del porcentaje previsto para los préstamos de adquisición, las autoridades decidieron distribuirlo en: 80% para aquellas familias que ganan hasta 3.672 bolívares y 20% para los que devengan más de 3.672 bolívares. La porción de la cartera prevista para proyectos de construcción se contempló en 60% para proyectos de familias que devengan menos de 6.000 bolívares y el 40% restante para aquellos grupos que perciben más ingresos.
Sin embargo, en la ejecución de la gaveta hubo obstáculos, especialmente en los financiamientos a largo plazo previstos para las familias con ingresos hasta 3.672 bolívares. Esos préstamos por gaveta no prevén subsidios directos para la compra como sucede con los créditos de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda.
En las reuniones organizadas por la Vicepresidencia Territorial otros de los puntos que se están revisando son los topes de ingresos para los créditos por Ley de Vivienda y los subsidios.
La semana pasada el presidente del Banavih, Mario Isea señaló que esos dos aspectos se están analizando, pero no dio detalles, debido a que ello sería anunciado por el mandatario el próximo 12 de abril.
Los topes de ingresos por Ley de Vivienda no se modifican desde enero 2009, las autoridades eliminaron los ajustes por unidades tributarias y fijaron escalas de salarios. Fuentes oficiales señalan que la modificación podría ampliar el universo de beneficiarios.
Actualmente, el tope máximo de ingresos de la Ley es de 7.000 bolívares y el monto más alto del subsidio directo está en 25.000 bolívares.
PVSA
Correo del Caroni
Por el interés de estar informado, con excelente e idónea ayuda jurídica, tuve la oportunidad de revisar en un foro público de la
Cámara Inmobiliaria de Ciudad Guayana el texto del anteproyecto Ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional para su aprobación. A este instrumento le hacen oposición por parte de la ciudadanía la agrupación de consumidores Anauco, la Asociación de Propietarios de Venezuela y los diputados de la MUD en las discusiones que se realizan en el recinto legislativo, esperando que sus voces representativas sean escuchadas y respetadas.
En esta ley se estimula violación de la propiedad privada, porque al dueño se le cercena el derecho de la libre disposición y usufructo de su propiedad, establecida en el código civil, al ser el Estado quien decide el monto de alquiler de la habitación, de acuerdo a las tablas que impone esta ley, estableciendo en la práctica un paralelismo de igual precio en un inmueble en una barriada y una urbanización. Es el Estado quien decide a qué persona debes otorgar el arrendamiento, al igual que se premia al maula, al irresponsable, que al no cumplir el elemental deber establecido en el contrato de pagar la cuota de alquiler (puede deber hasta 4 meses de arrendamiento para poder hacerle un reclamo), el Estado lo premia y se hace imposible desocuparlo del inmueble por las trabas administrativas y jurídicas establecidas en forma maliciosa. Si es moroso y deseas sacarlo del inmueble debes regresarle el depósito de garantía y luego empezar a demandarlo para la desocupación, que no se materializa hasta tanto el Estado le consiga otra habitación que le guste (así lo dice el texto), lo que se traduce en la práctica en la pérdida de la propiedad. Y más sorprendente es el articulado que obliga al propietario al mantenimiento de todo el inmueble al igual que todos los servicios, si el inquilino es el causante, de algún daño y si no se efectúa la reparación, por parte del propietario, el inquilino puede accionar en contra del dueño, no es exageración, está escrito.
Si entendemos que las leyes que se hacen en un país son para regular las relaciones entre los ciudadanos, éstas deben ser equilibradas, justas y no inclinarse maliciosamente hacia una de las partes. Porque entonces estaríamos en presencia de una ley embudo (el lado ancho para uno y el pequeño para el otro). Si este instrumento es para solucionar el problema habitacional del país, parte de un falso supuesto, porque los inquilinos están ubicados y simplemente no ocupan otro espacio, no así los indigentes y damnificados carentes de casas y que este instrumento jurídico no alivia su penosa situación. Y los jóvenes matrimonios en el futuro. ¿Qué les pasará? Lo más terrible es que la mayoría de propietarios de inmuebles para alquiler son honestos venezolanos precavidos y pagadores de sus impuestos, que destinaron parte de sus ingresos a través de los años para tener una vejez tranquila sin ser carga para el Estado. No puede un gobierno castigarlos atacando su patrimonio, esto es inmoral y cruel. Creo que el venezolano promedio no es sinvergüenza, ni maula y su educación democrática le enseñó sus deberes y derechos que se han trasmitido a sus descendientes que han formado un país de ciudadanos, y no advenedizos. El gobierno puede ser sinvergüenza pero sus ciudadanos no estamos dispuestos a seguirlo.
Autoridades revisan distribución de cartera y topes de la Ley de Vivienda
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
martes 5 de abril de 2011 12:00 AM
El Ejecutivo por diferentes vías intenta incrementar las asignaciones para el sector vivienda y una de las opciones que se está definiendo es el aumento la cartera hipotecaria obligatoria de la banca.
La gaveta hipotecaria, desde que se creó en 2005, ha sido equivalente al 10% de la cartera total de las instituciones, pero ante los requerimientos de recursos ese porcentaje será más alto, y entre los escenarios que se maneja en el seno del Gobierno está el de llevar esa cartera obligatoria a 12%.
De aprobarse ese tope, el sistema bancario destinaría a los financiamientos más de 21 millardos de bolívares.
Ese aumento en la gaveta se debe a las exigencias que genera la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, la cual entró en vigencia en enero de 2011. A través de los términos previstos en ese marco legal, el Gobierno estima realizar para este año 150.000 soluciones.
Una de las disposiciones de ese texto, señala que "sin perjuicio de las carteras ya fijadas por otras leyes al sector bancario público y privado, cada banco deberá crear una cartera obligatoria para atender los proyectos en el marco de la ley".
Ya el pasado mes de enero el primer mandatario nacional señaló que para las viviendas que se realizarán este año la banca tiene que destinar 30 millardos de bolívares, de ese monto, las instituciones privadas deberán desembolsar 15 millardos de bolívares.
Adicional a la gaveta de la banca, la construcción de unidades habitacionales recibiría recursos del Fondo Simón Bolívar, que administra Pdvsa, y que ha percibido transferencias de la industria petrolera provenientes de la emisión de bonos del pasado año, la venta de la refinería alemana y el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM).
Distribución
Fuentes oficiales indican que más allá del porcentaje de cartera obligatoria, otro de los aspectos que todavía en el Ministerio de la Vivienda y el Banco de la Vivienda y Hábitat están definiendo es la distribución de la gaveta hipotecaria.
La cartera el pasado año contemplaba que del monto total, 58% era para los préstamos de adquisición de viviendas, 32% a la construcción de casas y 10% a la remodelación y autoconstrucción de soluciones.
En el caso del porcentaje previsto para los préstamos de adquisición, las autoridades decidieron distribuirlo en: 80% para aquellas familias que ganan hasta 3.672 bolívares y 20% para los que devengan más de 3.672 bolívares. La porción de la cartera prevista para proyectos de construcción se contempló en 60% para proyectos de familias que devengan menos de 6.000 bolívares y el 40% restante para aquellos grupos que perciben más ingresos.
Sin embargo, en la ejecución de la gaveta hubo obstáculos, especialmente en los financiamientos a largo plazo previstos para las familias con ingresos hasta 3.672 bolívares. Esos préstamos por gaveta no prevén subsidios directos para la compra como sucede con los créditos de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda.
En las reuniones organizadas por la Vicepresidencia Territorial otros de los puntos que se están revisando son los topes de ingresos para los créditos por Ley de Vivienda y los subsidios.
La semana pasada el presidente del Banavih, Mario Isea señaló que esos dos aspectos se están analizando, pero no dio detalles, debido a que ello sería anunciado por el mandatario el próximo 12 de abril.
Los topes de ingresos por Ley de Vivienda no se modifican desde enero 2009, las autoridades eliminaron los ajustes por unidades tributarias y fijaron escalas de salarios. Fuentes oficiales señalan que la modificación podría ampliar el universo de beneficiarios.
Actualmente, el tope máximo de ingresos de la Ley es de 7.000 bolívares y el monto más alto del subsidio directo está en 25.000 bolívares.
PVSA
Pdvsa construirá este año 153.000 viviendas
El proyecto hará énfasis en el sistema de autoconstrucción, mediante el cual las viviendas reducen sus costos a 75 mil bolívares.
Caracas, 30 Mar. (Enfoques365).- El presidente de Petróleos de Venezuela S.A, (Pdvsa) Rafael Ramírez, informó que esa empresa construirá este año 153.000 soluciones habitacionales en el país, a través de la Misión Vivienda.
El anuncio fue hecho durante un recorrido por el complejo residencial Parque Vidoño, que está construyendo la estatal petrolera en Barcelona, estado Anzoátegui. Reportó la agencia oficial AVN.
Ramírez dijo, igualmente, que había realizado un recorrido aéreo por la zona norte del estado, en compañía del gobernador Tarek William Saab a fin de ubicar terrenos idóneos para la ejecución de viviendas.
“Estamos identificando los espacios para que el factor especulativo no se convierta en una tranca en el proceso de construcción”, dijo el ministro Ramírez
Destacó que cuentan con los elementos suficientes para completar la meta de las 153.000 viviendas, basándose en cuatro componentes fundamentales: los ejecutantes internacionales, el Estado venezolano, las constructoras nacionales y el pueblo organizado.
En este sentido, indicó que buscan potenciar la autoconstrucción popular, dotando a las comunidades de materiales, lo que constituye una importante disminución en los costos, dado que cada vivienda ejecutada a través de este método requiere una inversión estimada de 75.000 bolívares.
“El Estado venezolano ha comprometido 18.000 millones de bolívares, y tenemos en el plan ya 42.000 millones de bolívares sólo para viviendas. Eso es un monto superior a los 11.000 millones de dólares. Una cantidad sin precedente en nuestro país”, resaltó.
Por su parte, el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, añadió que han identificado 22 sectores susceptibles para la construcción de viviendas en la entidad.
Asimismo, dijo que el Ejecutivo estadal aportará este año 30 millones de bolívares para la edificación de soluciones habitacionales en los municipios Bolívar (Barcelona) y Sotillo (Puerto La Cruz).
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El proyecto hará énfasis en el sistema de autoconstrucción, mediante el cual las viviendas reducen sus costos a 75 mil bolívares.
Caracas, 30 Mar. (Enfoques365).- El presidente de Petróleos de Venezuela S.A, (Pdvsa) Rafael Ramírez, informó que esa empresa construirá este año 153.000 soluciones habitacionales en el país, a través de la Misión Vivienda.
El anuncio fue hecho durante un recorrido por el complejo residencial Parque Vidoño, que está construyendo la estatal petrolera en Barcelona, estado Anzoátegui. Reportó la agencia oficial AVN.
Ramírez dijo, igualmente, que había realizado un recorrido aéreo por la zona norte del estado, en compañía del gobernador Tarek William Saab a fin de ubicar terrenos idóneos para la ejecución de viviendas.
“Estamos identificando los espacios para que el factor especulativo no se convierta en una tranca en el proceso de construcción”, dijo el ministro Ramírez
Destacó que cuentan con los elementos suficientes para completar la meta de las 153.000 viviendas, basándose en cuatro componentes fundamentales: los ejecutantes internacionales, el Estado venezolano, las constructoras nacionales y el pueblo organizado.
En este sentido, indicó que buscan potenciar la autoconstrucción popular, dotando a las comunidades de materiales, lo que constituye una importante disminución en los costos, dado que cada vivienda ejecutada a través de este método requiere una inversión estimada de 75.000 bolívares.
“El Estado venezolano ha comprometido 18.000 millones de bolívares, y tenemos en el plan ya 42.000 millones de bolívares sólo para viviendas. Eso es un monto superior a los 11.000 millones de dólares. Una cantidad sin precedente en nuestro país”, resaltó.
Por su parte, el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, añadió que han identificado 22 sectores susceptibles para la construcción de viviendas en la entidad.
Asimismo, dijo que el Ejecutivo estadal aportará este año 30 millones de bolívares para la edificación de soluciones habitacionales en los municipios Bolívar (Barcelona) y Sotillo (Puerto La Cruz).
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Correo del Caroni
Por el interés de estar informado, con excelente e idónea ayuda jurídica, tuve la oportunidad de revisar en un foro público de la
Cámara Inmobiliaria de Ciudad Guayana el texto del anteproyecto Ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional para su aprobación. A este instrumento le hacen oposición por parte de la ciudadanía la agrupación de consumidores Anauco, la Asociación de Propietarios de Venezuela y los diputados de la MUD en las discusiones que se realizan en el recinto legislativo, esperando que sus voces representativas sean escuchadas y respetadas.
En esta ley se estimula violación de la propiedad privada, porque al dueño se le cercena el derecho de la libre disposición y usufructo de su propiedad, establecida en el código civil, al ser el Estado quien decide el monto de alquiler de la habitación, de acuerdo a las tablas que impone esta ley, estableciendo en la práctica un paralelismo de igual precio en un inmueble en una barriada y una urbanización. Es el Estado quien decide a qué persona debes otorgar el arrendamiento, al igual que se premia al maula, al irresponsable, que al no cumplir el elemental deber establecido en el contrato de pagar la cuota de alquiler (puede deber hasta 4 meses de arrendamiento para poder hacerle un reclamo), el Estado lo premia y se hace imposible desocuparlo del inmueble por las trabas administrativas y jurídicas establecidas en forma maliciosa. Si es moroso y deseas sacarlo del inmueble debes regresarle el depósito de garantía y luego empezar a demandarlo para la desocupación, que no se materializa hasta tanto el Estado le consiga otra habitación que le guste (así lo dice el texto), lo que se traduce en la práctica en la pérdida de la propiedad. Y más sorprendente es el articulado que obliga al propietario al mantenimiento de todo el inmueble al igual que todos los servicios, si el inquilino es el causante, de algún daño y si no se efectúa la reparación, por parte del propietario, el inquilino puede accionar en contra del dueño, no es exageración, está escrito.
Si entendemos que las leyes que se hacen en un país son para regular las relaciones entre los ciudadanos, éstas deben ser equilibradas, justas y no inclinarse maliciosamente hacia una de las partes. Porque entonces estaríamos en presencia de una ley embudo (el lado ancho para uno y el pequeño para el otro). Si este instrumento es para solucionar el problema habitacional del país, parte de un falso supuesto, porque los inquilinos están ubicados y simplemente no ocupan otro espacio, no así los indigentes y damnificados carentes de casas y que este instrumento jurídico no alivia su penosa situación. Y los jóvenes matrimonios en el futuro. ¿Qué les pasará? Lo más terrible es que la mayoría de propietarios de inmuebles para alquiler son honestos venezolanos precavidos y pagadores de sus impuestos, que destinaron parte de sus ingresos a través de los años para tener una vejez tranquila sin ser carga para el Estado. No puede un gobierno castigarlos atacando su patrimonio, esto es inmoral y cruel. Creo que el venezolano promedio no es sinvergüenza, ni maula y su educación democrática le enseñó sus deberes y derechos que se han trasmitido a sus descendientes que han formado un país de ciudadanos, y no advenedizos. El gobierno puede ser sinvergüenza pero sus ciudadanos no estamos dispuestos a seguirlo.
