martes, 19 de abril de 2011

GOBIERNO BUSCA CONTROLAR ALQUILERES DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE PROHIBICIONES


El alcance del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, actualmente en discusión en el seno de la Asamblea Nacional, mantiene a la expectativa a los venezolanos. Entre su 150 artículos preliminares, 13 disposiciones transitorias, una derogación y una final, este proyecto plantea casi en su totalidad las prohibiciones, penas y deberes que regularán esta rama del sector vivienda.

LO QUE VIENE EN LA LEY

Entre las muchas medidas planteadas en el proyecto se destacan varias cosas importantes, entre ellas, la creación de la Dirección Nacional de Inquilinato, ente que estará adscrito al Ministerio con competencia de hábitat y vivienda, el cual se encargará de imponer sanciones administrativas, proveer refugio temporal o vivienda definitiva al afectado por desalojo, si éste manifiesta no tener lugar donde habitar.

También destaca en la propuesta la realización de un censo de contratos de alquiler que persigue modifica el esquema de cálculo de los cánones de arrendamiento, por ejemplo, se prohíbe cobrar más de 25% del alquiler por concepto de pagos de limpieza del inmueble, aseo domiciliario, suministro de agua, gas o alumbrado eléctrico ni por cualquier otro servicio similar.

Tampoco se podrá arrendar o subarrendar las viviendas de bajos recursos conocidas como “ranchos”, ni las adjudicadas por el Estado. El proyecto destaca que en los casos donde existen decisiones judiciales a favor de los propietarios, los inquilinos no pueden ser desalojados si no existen pruebas donde quede certificado que hayan conseguido dónde habitar.

Las disposiciones transitorias del proyecto del proyecto de herramienta jurídica se explica que con intención de erradicar el latifundio urbano “se obligan a todos aquellos propietarios de edificios de vieja data destinados al arrendamiento y construidos hasta el año 1987, a ofertar en venta los inmuebles que ocupan los inquilinos, ocupantes, o cualquier otra familia o persona que habite el inmueble en cuestión”.

La regulación de los espacios habitacionales establece que la regulación del precio del metro cuadrado en todo el territorio nacional tendrá el mismo costo y por lo tanto afectará a los vendedores inmobiliarios. El texto preliminar de esta herramienta jurídica no establece distinción alguna de las zonas donde se encuentren las viviendas, por tanto, las rentas en áreas lujosas bajarán y en zonas populares subirán su costo.

PUNTOS GENERALES

Esta herramienta jurídica, de aprobarse tal y como se encuentra en borrador, establecerá el marco jurídico que prohíbe dictar medidas cautelares de secuestro sobre inmuebles destinados a viviendas, pensiones y/o habitaciones que se constituyen en el hogar de personas y/o familias.

La flexibilización de la morosidad de los inquilinos al establecer un aumento de hasta cuatro meses sin cancelar las mensualidades obligatorias a los propietarios, sin que se aplique alguna penalización. Para estos casos, la vivienda será proporcionada por el Gobierno a través de la Dirección de Inquilinato.

ESTADO ACTUAL

Este proyecto de Ley, tras ser entregado el pasado 2 de marzo ante las autoridades del Poder Legislativo por las Redes de Inquilinos e Inquilinas a nivel nacional y el Movimiento de Pobladores, se encuentra desde el pasado martes 31 de marzo, en la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, donde se discute en el marco de la Urgencia Legislativa aprobada por el fuero parlamentario. 

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