Atentaría ley de arrendamiento contra propiedad privada en Venezuela.
El proyecto cuenta con el respaldo de más de 400 mil firmas y busca proteger a los inquilinos en su relación con los propietarios de inmuebles.
Caracas.- El anteproyecto de Ley de Arrendamiento que el oficialismo presentará a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) atenta contra la propiedad privada en Venezuela, afirmó hoy el dirigente opositor Alfonso Marquina.
El legislador por el opositor partido Un Nuevo Tiempo (UNT) dijo que el gobierno “no puede solapar su fracaso de 12 años en materia de construcción de vivienda tratando de quitarle a los particulares sus propiedades para adjudicárselas a otros”.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que preside el mandatario Hugo Chávez, anunció que el proyecto cuenta con el respaldo de más de 400 mil firmas y busca proteger a los inquilinos en su relación con los propietarios de inmuebles.
“Los derechos de un ciudadano terminan donde empiezan los derechos del otro. El Estado no puede pretender tratar de garantizar viviendas accesibles a sectores populares despojando a otros de un derecho humano fundamental como la propiedad”, advirtió Marquina.
El texto regula una cuota mensual de arrendamiento, fija márgenes de ganancia (de entre uno y seis por ciento), estipula el precio de venta de unidades arrendadas, dificulta el desalojo del inquilino y con la expropiación sanciona faltas a la ley, según medios locales.
El diputado opositor recordó que la Constitución venezolana garantiza en su artículo 115 “el derecho de propiedad” y establece que “toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
El miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso advirtió que esta norma “no afecta a los ricos, sino a los pobres también porque la industrias de construcción de viviendas de alquiler se vería paralizada, afectando a miles de empleos”.
“Más nadie va a construir ni a comprar apartamentos para alquilar, son miles de venezolanos que además invierten sus prestaciones y ahorros en inmueble para vivir de la renta y garantizarse una compensación para la vejez”, enfatizó.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) denunció a su vez que la ley supedita el desalojo a la reubicación previa del inquilino por la oficina estatal de Inquilinato, lo que deja al propietario sin garantías para la recuperación del inmueble.
El gremio empresarial también rechazó las sanciones de expropiación previstas en la ley y aseguró que se afectará la oferta de viviendas de alquiler, la que se redujo de 30 a seis por ciento en los últimos años.
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